Por: Ángel Vila
“Es absolutamente falso que todo impeachment sea correcto. La Constitución exige que exista una responsabilidad criminal. Por tanto, un impeachment sin responsabilidades criminales es un golpe”. Con estas palabras se dirigió Dilma Rousseff a los ciudadanos desde la sede del Gobierno, el Palacio de Planalto, para denunciar el “golpe” abierto contra su persona.
A pesar de intentar detener el proceso —el Gobierno solicitó su paralización ante la Corte Suprema de Brasil, que la denegó—, este domingo 17 de abril se votará el proceso de apertura del impeachment contra la presidenta. Si es aceptado por 342 diputados (mayoría cualificada), será estudiado por el Senado donde una mayoría simple de 42 senadores deberá ratificar la apertura del proceso. Si así se produce, Rousseff deberá dejar el cargo temporalmente y será sustituida por el vicepresidente del Gobierno.
Tras las diferentes sesiones donde se presentará la defensa y la acusación, en un plazo máximo de180 días, el Senado votará por mayoría cualificada de dos tercios —54 senadores— si Dilma Rousseff es absuelta o condenada. Si la declaran inocente, volverá automáticamente a la Presidencia. Por el contrario, si es condenada, será destituida formalmente e inhabilitada para ser candidata a cualquier cargo político durante ocho años.
¿De qué se le acusa? Se le acusa de haber maquillado las cuentas públicas a través de las llamadas “pedaladas fiscales” para ocultar el déficit. También se incluyen irregularidades y corrupción en Petrobras y la inestabilidad política y social provocada por su gestión. No en vano, el pasado 13 de marzo se manifestaron más de un millón de personas para exigir su dimisión. En este artículo no se analizará si el impeachment está justificado o no sino que se profundizará conceptualmente en el proceso en sí mismo.
¿Qué es un impeachment y qué puede ser juzgado?
La confianza otorgada —a través del sufragio universal, libre, igual y secreto— permite ejercer el poder con plena legitimidad democrática. Sin embargo, “siendo la legitimidad única, hay dos maneras de llegar a ella: la directa y la indirecta”[1]. En los sistemas presidenciales como Brasil —aunque con excepciones como EE.UU.— los ciudadanos refrendan al presidente a través del voto directo en las urnas. Por el contrario, en los sistemas parlamentarios —como España—, los ciudadanos votan a los diputados/congresistas/senadores que a su vez decidirán quién será el jefe del Gobierno. Su legitimidad es, por tanto, indirecta, a través del Parlamento elegido democráticamente.
Sin embargo, ambos sistemas deben establecer límites para evitar que el poder Ejecutivo se vuelva déspota, corrupto e ilícito. Por ello, se han creado sendos mecanismos para revocar la legitimidad previamente otorgada: el impeachment o juicio político —estrictamente, “acusación o cargo”[2] — y la moción de censura.
¿Qué los diferencia? Mientras que el impeachment es un juicio político, que investiga posibles irregularidades —ahora veremos cuales— y que termina por destituir e inhabilitar al político (además de dejar abierta la posibilidad de que sea juzgado por los tribunales en caso de que exista delito), la moción de censura supone la pérdida de confianza del Parlamento en el Gobierno. En los sistemas parlamentarios, como decíamos, la legitimidad del jefe del Gobierno proviene de los diputados —que la obtienen de los ciudadanos— por lo que éstos tienen la posibilidad de apartarlo en cualquier momento de sus funciones —bien para hacer caer al Gobierno y provocar nuevas elecciones o bien para sustituirlo con un candidato a través de una “moción de censura constructiva”—.
Una moción de censura constructiva “debe ir acompañada de un candidato a la Presidencia gubernamental, de tal modo que su aprobación conlleve la de éste como nuevo primer ministro. La destrucción de un Gobierno va unida a la ‘construcción’ de uno nuevo, evitándose los paréntesis tan peligrosos sin Ejecutivo”[3]. Por ello, la moción se presenta cuando se produce una pérdida de confianza de las Cortes en el jefe del Gobierno, sin presuponer delitos o inhabilitación, mientras que el impeachment “sanciona la falta política, las conductas perjudiciales al Estado o las acciones contrarias a la dignidad del cargo que un alto funcionario ostenta”[4] e inhabilita al individuo.
Una vez establecida la diferencia, cabe resolver qué lleva a iniciar un impeachment. La teoría jurídica ha debatido a fondo sobre este asunto y mientras unos argumentan que solo puede “ponerse en funcionamiento ante la violación de una ley bien establecida”, otros consideran que debe incluir “los casos de abuso de autoridad y abuso de confianza de los funcionarios”[5].
BILL CLINTON, SOBRE SU IMPEACHMENT
El impeachment, como figura del Derecho anglosajón, tiene su máximo exponente en Estados Unidos, donde solamente dos presidentes fueron juzgados por este procedimiento: Andrew Johnson y Bill Clinton, ambos absueltos. Un tercero, Richard Nixon, dimitió antes de que se iniciara el proceso contra él derivado del Caso Watergate.
En el caso norteamericano, el artículo 2 establece que:
“El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.“The President, Vice President and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors”.
Aunque “traición” y “cohecho” dejan claro que el impeachment debe juzgar claros casos de delitos políticos y están bien definidos por la Constitución y el Derecho, los “otros delitos y faltas graves”abren un precedente más ambiguo que ha generado “grandes dificultades de interpretación”[6]. En cuanto al castigo o sentencia, la Constitución de EE.UU. establece que:
“En caso de Impeachment, el alcance de la sentencia no irá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado, de los Estados Unidos; pero el individuo condenado quedará sujeto, no obstante, a que se le acuse, enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a derecho”.
“Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law”.
Por lo tanto, el impeachment es un juicio de carácter político y como tal solo podrá castigar al individuo declarado culpable bajo penas políticas: destitución e inhabilitación.
Si volvemos a Brasil, el artículo 85 de la Constitución establece que el presidente puede ser juzgado en caso de que sus actos atenten contra la Constitución y especialmente contra la existencia de la Unión; el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación; el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; la seguridad interna del País; la probidad en la Administración; la ley presupuestaria; o el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales. La Ley 1079/50 explica y enumera dichos delitos y establece las penas de inhabilitación para poder ejercer un cargo público.
El impeachment requerirá no solo una mayoría cualificada de votos para ser aprobado sino apoyarse en bases jurídicas sólidas que apoyen la acusación contra Rousseff. Sin embargo, aún si la Presidenta es absuelta, le costará recuperar su legitimidad e imagen entre una sociedad que la culpa de no saber hacer frente a la crisis económica que vive el gigante sudamericano y de su asfixiante corrupción política.
Argentina, Venezuela o Perú viven una regresión de la izquierda en beneficio de partidos de derecha o centroderecha neoliberales. ¿Se sumará Brasil a esta tendencia y el Partido de los Trabajadores perderá el poder tras 13 años o la izquierda aguantará en el motor de Sudamérica?
1 València i Montes, L. X. (2015). El juicio político por mal desempeño de funciones como la moción de censura. La destitución de Lugo. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
2 Black, C. L. (1974). Impeachment: A Handbook (Vol. 14). Yale University Press.
3 Sinopsis del artículo 113 de la Constitución Española. Congreso de los diputados [URL]
4 Chávarri, A. G. (2008). Acusación constitucional, juicio político y antejuicio. Cuaderno de Trabajo Nº 9. Pontificia Universidad Católica del Perú.
5 Serrafero, M. D. (1996). El” Impeachment” en America Latina: Argentina, Brasil y Venezuela. Revista de estudios políticos, (92), 137-163.
6 Black, C. L. (1974). Impeachment: A Handbook (Vol. 14). Yale University Press.
Fuente: Politizen